LEY DE MEDIOS SIN CORRUPCIÓN

La pregunta es: ¿Los medios de comunicación no admiten desprenderse de las personas sentenciadas por el Poder Judicial por el delito de corrupción en perjuicio del Estado?

Por: Alejandra Aramayo Gaona / Congresista de la República (*)

Hace un par de días Bernardo Roca Rey, Presidente del Consejo de la Prensa Peruana, ha procurado esbozar algunos cuestionamientos a la “Ley de Medios sin Corrupción” para tal fin se le ha ocurrido empezar con una reflexión. “Sorprende (…)”. No se sorprenda.
Los reportajes incesantes, la columnas inagotables, las acusaciones, añejos e infundamentados testimonios, los adjetivos innecesarios pero tan presentes en este debate de medios, no han minado una obligación constitucional de dos congresistas: la de legislar. El Proyecto de Ley 1120 que tanta tinta ha derramado no es un proyecto que tenga que ver con limitar el derecho de empresa de los medios de comunicación, ni con restringir la libertad de expresión, libertad que es inherente a todos los ciudadanos.
Éste es un proyecto de ley que lucha contra la corrupción de preocupación ciudadana, impidiendo que aquellas personas que fueron sentenciadas por delitos de corrupción en agravio del Estado, (que vulnera intereses de todos los peruanos) sean parte determinante de los medios de comunicación que proveen de información a la ciudadanía, información que es “contaminada” cuando los corruptos utilizan los medios para una “particular agenda informativa”.
Roca Rey mal informa cuando precisa “(…) En democracia se fomenta el pluralismo y la competencia, para que los ciudadanos puedan escoger el medio que más les plazca”. Esto no está en debate. Está en debate si se prohíbe o no a personas sentenciadas por delito de corrupción que dirijan la opinión pública a través de los medios de comunicación.
Cita además a Jürgen Habermas en su “Teoría de la esfera pública” conformada por los ciudadanos y que se contrapone a la esfera del Estado, que en el entremedio se ubican necesariamente los medios de comunicación (…) Esto no está en debate, con la atingencia de que Habermas refiere que su teoría comunicativa es para países como Alemania de plena ciudadanía.
Otras citas fuera de contexto en el marco del proyecto de Ley son: “(…) En el Estado de derecho y la democracia representativa y deliberativa esto es un principio insoslayable, del que fluyen otros, como el propio respeto por la libertad de prensa y opinión, como base del propio sistema democrático (…)”
En el Estado de derecho y democracia representativa, sí; sin embargo vale referir la descripción de la democracia delegativa, que, según Guillermo O’Donnell, Carlos Franco y otros, caracteriza a países como el nuestro y otros con serios déficits en ciudadanía e institucionalidad, contexto en el que, hemos considerado, con sentido práctico y buena fe, que a través de una acción normativa, se puede limitar y/o impedir que la corrupción de modo directo influya negativamente en la sociedad.
Teniendo en cuenta que nuestro marco constitucional no admite derechos ilimitados, y justamente delega a la ley la tarea de limitar los derechos de los ciudadanos en determinados casos, véase la Ley 26859 – Ley Orgánica de Elecciones, artículo 10 y 107; Ley 26702 – Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros artículos 20 y 365, Ley 28278 – Ley de Radio y Televisión artículos 23 y 25.
A la pregunta que Roca Rey plantea ¿Y cómo se comunican los ciudadanos? Pues a través de los medios de comunicación, que en tal razón se constituyen en un pilar fundamental del sistema democrático (…) Precisamente, allí está el problema: ¿Debe permitirse que sentenciados por corrupción, a través de los medios de comunicación, sean difusores y formadores de opinión? La pregunta sería: ¿Los medios de comunicación no admiten desprenderse de las personas sentenciados por el Poder Judicial por el delito de corrupción en perjuicio del Estado? ¿Por qué y a qué costo?
Roca Rey debe responder, pero no sólo él y no sólo esto; debe explicarle al país cómo es que él y otros socios accionistas del Grupo El Comercio se hicieron el año 2000 de una prescripción luego de sólo 3 años de proceso judicial defraudando no sólo a los trabajadores de la empresa, seguro esforzados periodistas, sino al país cuando dejan de pagar millones de soles por concepto de impuestos del festín de los dólares MUC que salieron del país.
La Prescripción de Roca Rey Miro Quesada, de Luis Miro Quesada Valega, José Graña Miro Quesada y otros más, producto de una serie de delitos que como señala la aludida resolución, fueron comprobados delitos contra El Patrimonio – Defraudación- Apropiación Ilícita – Estafa – Fraude en la Administración de Personas Jurídicas- Defraudación Tributaria – Defraudación Aduanera y Delitos contra la fe Pública (sigue). El debate es amplio, estamos listas.

(*) Esta columna fue censurada por el diario El Comercio que debió publicarla el viernes pasado en respuesta a la columna “Lo que no entienden algunos fujimoristas por Bernardo Roca Rey” (19 de abril del 2017).

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